La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió el miércoles que no “validará” el mercado ilegal de coca de Chuquiaguillo, habilitado por productores cocaleros afines al gobernante MAS, pero aseguró que si el Gobierno lo reconoce se puede revisar la posición del organismo internacional.
“Si (el mercado de coca) es ilegal, por el momento no vamos a validar. Si el Gobierno lo reconoce, entonces veremos si podemos hablar”, dijo el representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, durante la presentación de los resultados de la incineración de las sustancias controladas incautadas en el país.
Rostan hizo esa declaración consultado sobre el mercado paralelo de la coca que abrieron los cocaleros afines al MAS en Chuquiaguillo de La Paz, que funciona a pesar de que la Ley General de la Coca reconoce sólo dos mercados legales: el de Adepcoca en Villa Fátima y el de Sacaba en Cochabamba.
El mercado de Villa Fátima es administrado por la directiva orgánica de Adepcoca, que eligió a Franclin Gutiérrez como su máximo dirigente, pero hace un año que está encarcelado porque sería autor intelectual de la muerte de un oficial de policía. Sin embargo, en julio pasado, grupos afines al MAS eligieron una directiva paralela de Adepoca, a la cabeza de Elena Flores, tomaron un centro médico en Chuquiaguillo y convirtieron el mismo en un mercado temporal de coca.
Rostan sostuvo que la UNODC no tiene una mayor percepción sobre el mercado paralelo, puesto que es un tema que corresponde al Gobierno, pero alertó que el organismo reaccionará en función a la decisión que se tome en Bolivia.
El funcionario internacional señaló que sería prematuro aún analizar la influencia de ese mercado en la salida de coca, porque el tema debe ser tratado en diálogo con los productores de coca. “Veremos qué futuro tiene”, acotó.
No obstante, consideró que un mercado ilegal no afectará en el volumen de producción de coca, porque en su criterio el modelo boliviano de control social funciona para contener el crecimiento de los sembradíos.
Destrucción de drogas
La UNODC destacó el miércoles la transparencia en la incineración de 8.539 kilogramos de cocaína y marihuana, estupefacientes decomisados en el primer semestre de este año. "En los actos en los que participó la UNODC verificó que la incineración, destrucción de drogas se realizó con transparencia y de acuerdo con las normas vigentes", dijo Rostan.
En esa línea, reconoció la tarea que cumple la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y el Ministerio Público. Detalló que, de enero a junio, la FELCN y el Ministerio Público se incautaron 5.419 kilogramos de cocaína base, 3.008 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 2.957 kilogramos de marihuana.
En esa ruta, la UNODC validó la incineración y destrucción del 74% de la cocaína base (3.990 kg), 76% de clorhidrato de cocaína (2.273 kg) y 77% de marihuana para expendio (2.276 kg).
Rostan dijo que la UNODC participa en calidad de observador en la incineración de las sustancias controladas incautadas en el país, verificando desde el momento de la salida de salas de evidencia hasta su incineración, para fortalecer la confianza nacional e internacional en las instituciones responsables de la destrucción de drogas.
Según el informe del primer semestre, la FELCN y el Ministerio Público realizaron 292 actos de incineración y destrucción de drogas ilegales, de los cuales, la UNODC participó en el 41% (121 actos).
Con esas cifras, el representante de la UNODC dijo que se incrementó la participación de ese organismo multilateral en 25% respecto al primer semestre de 2018, cuando participó en 97 actos.
Aclaró que la UNODC no participa en actos de incineración y destrucción de menos de 15 kg de sustancias controladas. Rostan afirmó la oficina de la ONU continuará apoyando las políticas y las acciones del Gobierno en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas y anunció que entregará equipos de alta tecnología de detección de drogas 'TruNarc' a la FELCN .
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